Lo pactan en secreto para que no nos enteremos.
No chupan del bote, no, chupan del botín de los impuestos de los trrabajadores.
¿Qué parado cobra esa cantidad?
Aragón
Las Cortes pactan en secreto una indemnización para diputados en paro
Podrán cobrar el salario base, 2.967 euros, tantos meses como años hayan estado en el cargo, hasta un máximo de 16 Deberán apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y garantizar cada mes que no tienen más ingresos.
La Mesa y la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 7 aprobó la indemnización.OLIVER DUCH Todos los partidos de las Cortes de Aragón han pactado una indemnización para los diputados que se han quedado en el paro tras las elecciones, pero esta decisión adoptada hace tan solo unos días, el pasado día 7, no la han hecho pública.
La denominada «indemnización por cesantía» supondrá cobrar mensualmente la asignación base, 2.965,97 euros, por cada año que ejercieron como parlamentario hasta un máximo de 16 mensualidades. Para poder acogerse, deberán apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y de bienes. Para tener todas las garantías, los beneficiarios cobrarán mes a mes con el objetivo de evitar dobles percepciones económicas y deberán presentar al final la declaración de la renta.
Fuentes oficiales de las Cortes se limitaron a asegurar que no se había cursado hasta el día de ayer ninguna solicitud, que los afectados deberán tramitar en un plazo de medio año. Según pudo contrastar este diario, hasta nueve políticos del PSOE, PAR y CHA podrían acogerse a la indemnización si así lo desean. Varios de ellos manifestaron ayer por la tarde que todavía no lo habían decidido y pidieron discreción al afectar a su vida privada.
La denominada «indemnización por cesantía» supondrá cobrar mensualmente la asignación base, 2.965,97 euros, por cada año que ejercieron como parlamentario hasta un máximo de 16 mensualidades. Para poder acogerse, deberán apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y de bienes. Para tener todas las garantías, los beneficiarios cobrarán mes a mes con el objetivo de evitar dobles percepciones económicas y deberán presentar al final la declaración de la renta.
Fuentes oficiales de las Cortes se limitaron a asegurar que no se había cursado hasta el día de ayer ninguna solicitud, que los afectados deberán tramitar en un plazo de medio año. Según pudo contrastar este diario, hasta nueve políticos del PSOE, PAR y CHA podrían acogerse a la indemnización si así lo desean. Varios de ellos manifestaron ayer por la tarde que todavía no lo habían decidido y pidieron discreción al afectar a su vida privada.
Un acuerdo cerrado a finales del año pasado
Los portavoces cerraron el acuerdo a finales del año pasado, pero la decisión no la acordaron en firme hasta la Mesa y Junta de Portavoces salientes celebrada el 7 de junio, casi un mes después de las elecciones y cuando la inmensa mayoría de ellos era consciente de que no repetía ni en el cargo ni siquiera en la institución. De hecho, entre los que aprobaron la medida están dos potenciales beneficiarios, el ex presidente de las Cortes Francisco Pina (PSOE) y el ex portavoz parlamentario del PAR Javier Allué. Ambos están pendientes de que dejen el acta de diputado otros compañeros para repetir en la Cámara, en el caso de Francisco Pina, o que incluso puedan llamarles para formar parte del próximo Gobierno, lo que podría afectar al aragonesista Javier Allué.
Además, entre los posibles peticionarios están Ricardo Berdié (PSOE), Ana García Mainar (PSOE), Manuel Lana (PSOE), Pilar Palacín (PSOE), Antonio Piazuelo (PSOE), Ana de Salas (PAR) y Chesús Yuste (CHA). Ninguno del PP tendría necesidad de acogerse a la indemnización, ya que todos los diputados que se han quedado fuera de la Cámara volverán a sus puestos de trabajo en la Administración o tendrán acomodo en las instituciones al gobernar en las más importantes. En el caso de IU, su único diputado en la pasada legislatura, Adolfo Barrena, sigue otros cuatro años.
Ningún diputado de anteriores legislaturas podrá beneficiarse de la ayuda económica, ya que no tiene carácter retroactivo. También se ha limitado a la asignación base, después de que se llevara a la Mesa y Junta de Portavoces la percepción del sueldo íntegro.
Algunos de los miembros que cerraron el pacto en junio y distintos miembros de los actuales grupos políticos cuestionaron las formas, pero dejaron bien claro que cualquier trabajador de este país tiene derecho al paro y los diputados aragoneses no tienen por qué ser una excepción. De hecho, todos los partidos resaltaron que el acuerdo se adoptó por unanimidad y que la Cámara aragonesa sería casi una excepción en España. «Es de justicia que puedan tener una prestación de desempleo por un periodo de tiempo para que tengan un colchón para rehacer su vida laboral», señalaron varios parlamentarios.
Varios de ellos recordaron que una ley estatal regularizó la situación en el caso de los ayuntamientos, lo que permitirá que los ediles de Zaragoza que no han repetido en esta legislatura tengan directamente derecho a cobrar el paro. «Además, es un contrasentido que un asesor de la DGA sí pueda cobrar el paro y nosotros no tuviéramos derecho a nada hasta ahora», añadieron.
En el caso de las Cortes de Aragón, el coste de las indemnizaciones es asumido por la institución, que debería desembolsar casi 250.000 euros en el caso de que los nueve ex diputados afectados se acogieran y agotaran las mensualidades. Algunos de ellos no tienen claro qué van a hacer, y tienen opciones.
Es el caso de Antonio Piazuelo, que se jubila dentro de unos meses, o de Pilar Palacín, socia de una gestoría y que como alcaldesa de Fuentes de Ebro podría tener incluso sueldo si lo aprobara el pleno. Otros, como Ricardo Berdié, no pueden volver al puesto de trabajo anterior al desempeño de la política porque literalmente no lo tienen: era profesor de un colegio privado de Zaragoza que cerró sus puertas.
Además, entre los posibles peticionarios están Ricardo Berdié (PSOE), Ana García Mainar (PSOE), Manuel Lana (PSOE), Pilar Palacín (PSOE), Antonio Piazuelo (PSOE), Ana de Salas (PAR) y Chesús Yuste (CHA). Ninguno del PP tendría necesidad de acogerse a la indemnización, ya que todos los diputados que se han quedado fuera de la Cámara volverán a sus puestos de trabajo en la Administración o tendrán acomodo en las instituciones al gobernar en las más importantes. En el caso de IU, su único diputado en la pasada legislatura, Adolfo Barrena, sigue otros cuatro años.
Ningún diputado de anteriores legislaturas podrá beneficiarse de la ayuda económica, ya que no tiene carácter retroactivo. También se ha limitado a la asignación base, después de que se llevara a la Mesa y Junta de Portavoces la percepción del sueldo íntegro.
Algunos de los miembros que cerraron el pacto en junio y distintos miembros de los actuales grupos políticos cuestionaron las formas, pero dejaron bien claro que cualquier trabajador de este país tiene derecho al paro y los diputados aragoneses no tienen por qué ser una excepción. De hecho, todos los partidos resaltaron que el acuerdo se adoptó por unanimidad y que la Cámara aragonesa sería casi una excepción en España. «Es de justicia que puedan tener una prestación de desempleo por un periodo de tiempo para que tengan un colchón para rehacer su vida laboral», señalaron varios parlamentarios.
Varios de ellos recordaron que una ley estatal regularizó la situación en el caso de los ayuntamientos, lo que permitirá que los ediles de Zaragoza que no han repetido en esta legislatura tengan directamente derecho a cobrar el paro. «Además, es un contrasentido que un asesor de la DGA sí pueda cobrar el paro y nosotros no tuviéramos derecho a nada hasta ahora», añadieron.
En el caso de las Cortes de Aragón, el coste de las indemnizaciones es asumido por la institución, que debería desembolsar casi 250.000 euros en el caso de que los nueve ex diputados afectados se acogieran y agotaran las mensualidades. Algunos de ellos no tienen claro qué van a hacer, y tienen opciones.
Es el caso de Antonio Piazuelo, que se jubila dentro de unos meses, o de Pilar Palacín, socia de una gestoría y que como alcaldesa de Fuentes de Ebro podría tener incluso sueldo si lo aprobara el pleno. Otros, como Ricardo Berdié, no pueden volver al puesto de trabajo anterior al desempeño de la política porque literalmente no lo tienen: era profesor de un colegio privado de Zaragoza que cerró sus puertas.
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